CIMA adquiere deuda de Vicentin y reconfigura su futuro empresarial
El grupo inversor nacional , en asociación con la corredora Grassi, se habia convertido en el principal acreedor tras adquirir la deuda de la empresa con bancos internacionales por más de 447 millones de dólares.
La firma agroexportadora Vicentin, inmersa en un complejo concurso de acreedores desde su default en diciembre de 2019, enfrenta un nuevo capítulo en su historia.
La operación se concretó el 12 de noviembre y fue notificada oficialmente en los tribunales el 17 de diciembre. Entre las entidades financieras involucradas en la transacción figuran el IFC (205,7 millones de dólares), el FMO (122,3 millones), ING (46,5 millones), Rabobank (22,7 millones), MUFG (12,4 millones), SMBC (12,3 millones) y Natixis (9,9 millones). Según estimaciones del mercado, CIMA habría pagado aproximadamente 70 millones de dólares, lo que equivale a 11 centavos por cada dólar de deuda.
Un nuevo actor clave en el concurso preventivo
La intención declarada de CIMA es destrabar el proceso judicial que afecta a Vicentin y trabajar en una solución para reactivar la compañía. "Nuestro compromiso está enfocado en garantizar la continuidad de la empresa, preservar las fuentes laborales y aportar al desarrollo del sector", aseguraron representantes del grupo.
El movimiento estratégico también incluyó la participación del estudio Casanova, Mattos & Salvatierra Abogados, responsable de diseñar la estrategia legal. Adicionalmente, la corredora Grassi, conocida por liderar el grupo de acreedores disconformes con el plan de pagos propuesto por Vicentin, se consolidó como un socio clave en esta maniobra.
Reacción de Vicentin y escenario judicial
Desde el directorio de Vicentin afirmaron que la adquisición de la deuda no modifica su estrategia para concluir el concurso preventivo. "Seguimos enfocados en alcanzar una resolución que permita estabilizar la empresa y garantizar su continuidad operativa", señalaron. No obstante, advirtieron que la demora en las decisiones judiciales afecta gravemente su capacidad financiera. La empresa informó que ha agotado su caja disponible y no cuenta con recursos suficientes para afrontar un eventual "cramdown".
El "cramdown" es un mecanismo legal que habilita a terceros a presentar una oferta para competir con el plan de pagos original de la empresa y asumir el control de su operatoria. Este proceso está actualmente bajo evaluación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe decidir entre homologar el plan propuesto por Vicentin o dar lugar a esta alternativa.
Impacto y expectativas
La adquisición de la deuda por parte de CIMA genera un nuevo escenario en el concurso preventivo, aumentando tanto las expectativas como la incertidumbre entre los actores involucrados. Este movimiento podría redefinir el futuro de Vicentin, una empresa que antes de su crisis se destacaba como la principal agroexportadora de bandera argentina.
La resolución de la Corte Suprema será determinante en un contexto crítico, con la empresa enfrentando dificultades judiciales y financieras que podrían marcar su destino definitivo. Por ahora, todos los ojos están puestos en la decisión judicial que definirá el futuro de esta histórica agroexportadora
