La Aduana denunció subfacturación de 5 millones de dólares en exportaciones de derivadas del algodón y el girasol
La multa pedida es de 70 millones de la moneda estadounidense y las penas podrían alcanzar los 8 años de prisión.
La multa pedida es de 70 millones de la moneda estadounidense y las penas podrían alcanzar los 8 años de prisión.
El organismo que dirige Guillermo Michel pretende una multa de casi US$70 millones y podrían caber penas de hasta 8 años de prisión, según indicó el organismo en un comunicado de prensa.
El parte explicó que "la empresa apuntada exportaba a Brasil y Uruguay en forma directa, pero triangulaba la facturación a través de sociedades pantalla radicadas en EE.UU. e Islas Vírgenes".
Según la Aduana, "las subfacturaciones detectadas ascienden al 70% en las exportaciones a Uruguay y al 55% en las que tenían como destino Brasil".
La denuncia apunta a una empresa radicada en la ciudad santafesina de Reconquista y el monto precisó subfacturado es de US$5.392.666 en exportaciones de productos derivados del algodón y girasol.
"El objetivo de la maniobra irregular era ahuecar la base imponible de las operaciones y evitar la debida liquidación de divisas en nuestro país. En ese marco, la Aduana denunció penalmente a la firma ante el Juzgado Federal N?1 de Santa Fe", indicó el organismo.
Concretamente, están bajo la lupa exportaciones de pellets de semillas de algodón, pellets de harina de girasol y aceite de algodón que fueron realizadas en forma directa a los países vecinos, pero refacturadas a través de intermediarios radicados en EE.UU. e Islas Vírgenes.
"Cabe destacar, no se observa ningún valor agregado tangible aportado por los terceros operadores que justificara el incremento de precios, por lo cual se presume que hacían las veces de sociedades pantalla", señaló la Aduana.
"La Dirección General de Aduanas sostiene que la operatoria consistió en ventas sucesivas simuladas en las que se apeló a los intermediarios para ocultar lo que, en rigor, no eran otra cosa que ventas directas", según explicó el organismo, que además afirmó que "el análisis señala que existirían vinculaciones de índole funcional entre la firma santafesina y las refacturadoras".
La denuncia de la Aduana se encuadra en los artículos 863 y 864 del Código Aduanero, por lo cual podrían caber penas de hasta 8 años de prisión. Asimismo, en los términos del artículo 876 de la citada normativa, pretende una multa mínima de US$69.928.714,27.