Los alquileres agrícolas de un año, en debate

La necesidad de controlar malezas resistentes puso un tema inesperado sobre la mesa del debate agropecuario. Y lo más llamativo es que reuniría un consenso tan amplio como inusual entre los diversos actores. Se trata de los alquileres agrícolas, cuyos plazos habituales son de un año en la Argentina, pero tanto desde el Gobierno como desde las entidades gremiales y técnicas coinciden que sería bueno propiciar períodos más largos.

El tema surgió con fuerza en la primera Jornada Nacional sobre Malezas desarrollada el 18 de marzo en INTA Oliveros. En medio de la búsqueda de soluciones, el secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado, consideró que "la proliferación de contratos por un año genera poco incentivo a la rotación de cultivos, una de las formas que contribuiría al control de malezas". Y anticipó que convocaría a distintos dirigentes agropecuarios para intentar avanzar en una adecuación de la Ley 13.246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales (de 1948 pero con fuertes modificaciones en 1980).

La reunión se hizo efectivamente el jueves pasado y tuvo una amplia participación, con representantes de CRA, Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro, Aacrea, Aapresid, Maizar y Asagir, que si bien esgrimieron que "el plazo de los alquileres no es la causa de las escasas rotaciones, porque incluso los propietarios de campos alternan poco los cultivos", valoraron la inquietud de Delgado, se mostraron dispuestos a estudiar la ley y analizar qué factores propician que no se cumpla, como para volver a reunirse en 15/20 días y hacer una puesta en común de ese análisis".

Aunque entre los participantes primó el compromiso de no hacer declaraciones públicas sobre las tratativas, de la reconstrucción que pudo hacer revistachacra.com.ar surgen posiciones claras. Delgado evocó que la ley vigente “estipula que los contratos no pueden durar menos de tres años. Los contratos accidentales de un año deberían ser una excepción, no la regla". Y postuló que "quizás no hay que cambiar la normativa sino cumplirla, con un registro exhaustivo de los contratos". Ningún interlocutor se expresó remiso a contratos más largos, como vía a una planificación más previsible del negocio y el modelo productivo agrícola, pero en general advirtieron que "mucho más determinante que el plazo de arrendamientos, juegan otros factores que derivan en que los acuerdos se renueven año a año y la proporción de soja sea cada vez mayor".

Frente a la suspicacia de que el Gobierno fogonea la Ley de Arrendamientos para sellar una alianza con Federación Agraria, su vicepresidente segundo, Jorge Solmi, aclaró que la entidad nacida en el Grito de Alcorta postula un proyecto de nueva ley de Arrendamientos, no sólo reglamentar la actual, como parece proponer el Gobierno. Pretenden profundizar la regulación en el uso y tenencia de la tierra -"es un bien no renovable que debe tener una entidad jurídica diferente a un local comercial"- y ofrecer mayores condiciones para la previsibilidad y el arraigo rural, por lo cual consideran que "el intento de rediscutir la normativa vigente puede significar un avance, pero insuficiente".

Perspectivas positivas pero complejas

Con todo, Chacra recopiló testimonios sobre la posibilidad de extender los contratos, entre diversos productores agropecuarios de distintas zonas.

Al respecto, Hugo Rossi (abogado especializado en agro -asesora al agro diputado tucumano Juan Francisco Casañas- y productor en el partido bonaerense de San Miguel del Monte, con activos lazos en CREA, Carbap-CRA y Sociedad Rural Argentina) consideró que a la ley de Arrendamientos le hacen falta cambios, pero el plazo de los contratos no es el problema, porque nadie está en contra de los tres años. En todo caso, la reiteración de soja año tras año tiene que ver con que quien paga alquiler tiene que sembrar el cultivo que más le rinda económicamente, o menores costos y riesgos le signifique".

Según Rossi, "la dificultad de extender el plazo de los contratos pasa por la desconfianza entre las partes, en un marco de incertidumbre, por lo cual se torna dificultoso pactar sumas millonarias, en pagos parciales, e incluso con valiosos bienes de capitales en juego, sin un adecuado marco de garantías. También es una falencia de la ley las escasas referencias a la conservación y fertilización de los suelos, aspecto que debería contemplar compromisos e incentivos".

Entre los que desearían mayor previsibilidad se inscribe Víctor Barbarito, productor que arrienda en el norte bonaerese con la firma Fontezuela Cereales. "Deberían acordarse plazos más largos pero, lamentablemente, las variable de mercado -factores nacionales e internacionales- son determinantes al momento de calificar al negocio, por lo cual se tiende a pactar cada año".

De todos modos, Barbarito no cree que sea imposible, aunque contemplando "contratos mucho más elaborados, que establezcan reglas claras ante las eventuales situaciones que puedan surgir en el mediano plazo".

Así, en el afán de estimular las rotaciones de cultivos, controlar mejor las malezas, y propiciar planteos agrícolas más planificados, que probablemente redundarían en menores costos, postula "arrendamientos de contraprestación semi variables, deducibles por factores como el precio internacional, el rinde de cada año, entre otros. Hoy existe mucha tecnología que podría ayudar a controlar que nadie sea engañado al compartir la cosecha"..

Adrián Rovea, asesor en el sur santafesino, también cree que "hay que modificar el actual sistema de alquiler" y coincide en que "habrá que impulsar nuevos tipos de contratos de arrendamiento, buscando que la ecuación económica sea positiva y disminuya el riesgo para el tomador de tierras".

Con base en Teodelina, Rovea es un ingeniero agrónomo con amplia experiencia, que no recuerda una situación tan crucial en casi dos décadas de profesión, porque "la baja de precios internacionales y los costos de producción elevados, entre otras cosas por el mayor gasto en el control de malezas, deja los márgenes del negocio muy ajustados y exige repensar los esquemas, con un mayor involucramiento de los propietarios de la tierra en el sentido de comprender y/o compartir riesgos".

Es consciente Rovea que "la monocultura de soja ha degradado el recurso suelo" y está convencido de que "la inclusión de rotación de cultivos mejoraría la fertilidad física de los suelos y el aporte de nutrientes vía fertilizantes elevaría la fertilidad química". Pero pocos alternan otros cultivos porque el cultivo de la oleaginosa es el que ofrece mejor rentabilidad y seguridad. "Hacer maíz o trigo es sólo para quienes tienen espaldas anchas y eso va deteriorando la calidad de los suelos", se lamenta.

Río revuelto en lo político agropecuario

Para finalizar, vale notar un incipiente barajar y dar de nuevo en el escenario político agropecuario, dejando atrás posiciones y agrupamientos tradicionales en la era K. Porque al principio había diversas posiciones, a partir de 2008 se sucedieron años de dos trincheras polarizadas, pero en este 2015 suceden cosas distintas que al menos revuelven el avispero, aunque todavía con final incierto.

Las coincidencias sobre la necesidad de actuar más planificadamente para controlar las malezas, honran -quizás casualmente- la celebración del Año Internacional de los Suelos 2015, declarado por la ONU con el objetivo de "aumentar la concientización y la comprensión de la importancia del suelo para la seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas esenciales".

En el mismo sentido de nuevas situaciones que propician un escenario de río revuelto podría inscribirse la devolución de retenciones a pequeños productores -conocido como segmentación- que hizo tomar distancia a la Federación Agraria de la Mesa de Enlace y la reacercó al Gobierno. O la renacida discusión sobre propiedad intelectual de semillas entre las entidades de productores y la industria semillera, otrora aliados frente al Gobierno. Ahora, apareció el registro y alargamiento de los arrendamientos que, en principio, reuniría el consenso mayoritario de los actores agropecuarios privados y el Estado, algo que prácticamente no había sucedido desde la Resolución 125.

En cualquier caso, sería interesante que, aun con iniciales diferencias de criterio, se logren avances en el intento de establecer reglas de juego previsibles, algo que desde distintas representaciones agropecuarias se pondera como fundamental para un desarrollo sostenido.