Brecha de precios: del campo a la góndola se multiplican por siete

 La imagen de miles de kilos de peras y tomates tirados a la vera del camino en un país que se jactó de ser “granero del mundo” y en el que hoy cuatro de cada 10 chicos “no accede a una adecuada nutrición” (según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA), duele. Pero también habla de una realidad absurda. 

“Nos pagan $ 1,10 por kilo recolectado, y el costo real de sacar la fruta de la planta es de $ 4. Muchos productores están fundidos y si decidieron dejar la fruta para que la gente se la lleve es porque no la pueden transportar”, justificó Jorge Figueroa, presidente de la Federación de Productores de Peras y Manzanas de Río Negro y Neuquén. El 70% de las frutas que produce el Alto Valle tienen como destino la exportación. Pero el cierre de mercados como Brasil y Rusia, (por caída de la demanda y encarecimiento en dólares de los productos) agravó la situación, sin que la quita de retenciones para los productos regionales lo haya compensado. 

Daniel Oggero, de la Asociación de Productores Lácteos de la Argentina (APLA) , describió la emergencia del sector tambero, que percibió en noviembre $ 2,30 (hoy $ 2,60, aunque los costos no bajan de $4) por litro de leche que al público se vende a $ 16. 

Norberto Niclis, de la Unión Agrícola de Avellaneda (Santa Fe), cuenta que el kilo de pollo por el que hoy se paga $ 40, se entrega a los supermercados a $ 13 (con transporte incluído), un valor que apenas cubre el costo ($ 11) de alimentación y las vacunas del animal. 

Una situación similar enfrentan los productores de acelga (reciben $ 4 por kilo, cuando a las góndolas llega a $ 52), de arroz ($ 2 contra $ 26), o de cebolla (perciben $ 2,10 por el kilo que se vende a $ 14,70). Ni hablar del kilo de asado, que sale del frigorífico a $ 65 y llega al mostrador de la carnicería a $ 115, y a $ 130 al supermercado. 

Distorsiones en cadena ¿Cuál es el motivo por el que un producto al que no se agrega ningún valor (una naranja es igual desde que sale de planta hasta que llega a la verdulería), multiplica su precio entre siete y 19 veces? “Existen severas distorsiones a lo largo de la cadena, con márgenes abusivos que cobran los supermercados, quienes muchas veces imponen el transporte y la política de la “primera góndola” (que el productor debe entregar gratis para recién empezar a cobrar a partir del excedente)”, destaca el ingeniero Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME). 

Por otra parte, las cadenas de supermercados suelen pagar a 90 días, cuando el productor compra sus insumos al contado, lo que - sumado a la inflación-, provoca una situación financieramente insostenible. 

A estas distorsiones se añade “una presión impositiva desmedida y superpuesta, que incluye tributos nacionales, provinciales y municipales. “Es más caro el tributo para pasar mercadería de Santa Fe a Chaco, que pagar la aduana de Argentina a Brasil”, dice Niclis, miembro de CAME. 

La entidad, presidida por Osvaldo Cornide, organizó esta semana una reunión con el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, a la que asistieron representantes de 32 complejos productivos del país, que a su vez representan a más de 400 entidades de las economías regionales. 

Allí los productores entregaron al ministro un proyecto de Ley de “promoción de las Economías Regionales”, complementario del proyecto Belgrano anunciado por el presidente Macri. 

Ley de Economías Regionales 

Entre otros puntos, la propuesta de CAME incluye: beneficios impositivos para las inversiones en áreas marginales, tanto para productores y pymes establecidos como nuevos; reducción de las cargas patronales para el primer empleo y los trabajadores mayores de 47 años, y otras medidas de fomento al crédito y las inversiones. 

En sectores que enfrentan una crisis de producción, como el vitivinícola, se propone una “adecuación de la cadena de valor”. 

Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros y Fruticultores de San Juan, expuso la necesidad de “retener el vino hasta agosto, en lugar de junio, para permitir a quienes no pudieron vender la cosecha anterior, recuperar el precio del vino y de la uva”. 

Los productores fundamentaron su propuesta en que, por falta de oportunidades, hay provincias con tasa de emigración mayor a la de natalidad. En Jujuy, por cada 1.300 nacimientos anuales, emigran 1.700 personas a otras provincias o países limítrofes. 

A su turno, Buryaile detalló el plan del gobierno, enfocado en “incrementar el agregado de valor en origen; la devolución del IVA de los alimentos a los sectores vulnerables, la implementación de seguros que cubran los costos del productor y adelantó que es “inminente” la reapertura de mercados, como el caso de cortes de carne, limones y otros cítricos hacia Estados Unidos. 

En cuanto a la política de control de precios (a cargo del secretario de Comercio Miguel Braun, cuya familia es fundadora de Supermercados La Anónima), destacó la iniciativa de publicar precios por Internet, y enfatizó “No es el apriete o la pistola en la mesa. Hay que controlar por produccion y no por restricción”. 

Los asistentes se mostraron esperanzados con la presencia del ministro. “Hay diálogo, y eso es importante”, confiaron.  

“Nos pagan $ 1,10 por kilo recolectado, y el costo real de sacar la fruta de la planta es de $ 4.” Jorge Figueroa, Federación de Productores de Peras y Manzanas