Frenan desalojo de un tambo: el establecimiento aún peligra

 La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe admitió hoy, por unanimidad, un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa y, de esa manera,suspendió el desalojo de la cooperativa tambera La Resistencia, de Rosario, que estaba previsto para el jueves. La expulsión del emprendimiento había sido promovida por la constructora Cimar SA, que no posee la propiedad de las tierras pero, aún así, vendía los terrenos con la complicidad de representantes del municipio.

De manera previa, la Cámara de Apelaciones había revocado una suspensión del desalojo por 5 años, dictada en primera instancia, basada en la Ley 13.334. La misma establece que no pueden desalojarse unidades productivas familiares en la Provincia. Si bien la Corte ratificó el fallo original, aún resta que se pronuncie sobre la cuestión de fondo. Por su parte, los productores exigen una solución política al conflicto.

El tambo La Resistencia surgió hace 40 años en el barrio Nuevo Alberdi, de Rosario, fundado por Alberto Rodríguez. Dos décadas atrás, dejó el emprendimiento en manos de un empleado suyo, Oscar Licera, quien lo gestiona desde entonces. Según catastro, las tierras en disputa siguen a nombre de Rodríguez, ya fallecido.

En 2007, uno de los titulares de la empresa Cimar, Mario Benito Jáuregui, firmó con Licera un comodato. Según ese documento, Jáuregui le cedía al tambero, por tres meses, la tenencia de las tierras que el productor poseía de antemano. O sea: un empresario que no tenía posesión de los lotes, se los cedía por tres meses a quien sí la tenía y trabajaba en el lugar desde hacía décadas.

"Viene un grupo de abogados y te dicen: no tenés los papeles de la tierra, firmame acá (para resolver la tenencia). Y (Licera) lo firmó sin saber lo que estaba firmando. Incluso, en el comodato le dan en teoría un montón de hectáreas más, que nunca se las dieron. Le estaban entregando su parte, que ya tenía, y otro montón que nunca tuvo acceso. Fue una maniobra para estafarlo", aseguró el concejal de Rosario Juan Monteverde, del bloque Ciudad Futura.

De acuerdo con el edil, se trató de "una estafa muy bien pensada porque, jurídicamente, para entregar algo en comodato no tenés que ser el propietario". En el documento se intimaba a Licera a entregar las tierras al cabo de 90 días. De no hacerlo, debería abonar una suma de USD 50 por cada jornada extra que permaneciera en el lugar. En la actualidad, el monto alcanza cerca de USD 170 mil.

El tambo, hoy convertido en cooperativa, ocupa un predio de 7 hectáreas. Las mismas, a su vez, están ubicadas en el centro de un área de 250 hectáreas donde habitan 200 familias con posesión precaria de la tierra. Los productores creen que, si avanza el desalojo, la constructora expulsará a los vecinos, algo que ya sucedió en otro terreno lindero, de 50 hectáreas.

La cooperativa La Resistencia está integrada por 8 trabajadores y trabajadoras, entre ellos Oscar y su hija. La conformación societaria formal permitió tecnificar el proceso productivo y edificar una fábrica de productos lácteos para industrializar la materia prima en origen. Se producen entre 600 y 1000 litros de leche por día, de los cuales se industrializa la totalidad para elaborar quesos y dulce de leche.

En cuanto a la firma Cimar, comercializaba hasta 2011 un emprendimiento inmobiliario que denominó La Horqueta. El 90% de las 250 hectáreas conformadas por el tambo y el barrio lindero, donde viven 200 familias, era parte del loteo ilegal que hacía la constructora, donde ofrecía terrenos a entre USD 20.000 y USD 35.000.

Uno de los asesores de la constructora de Jáuregui en el loteo de La Horqueta fue Jorge Leopoldo Doncel. En la misma época, Doncel fue nombrado por la Municipalidad de Rosario como "representante técnico de gestión", dentro de la Secretaría de Planeamiento, con la función de asesorar al distrito en temas de tierras. Doncel, además, es propietario de una constructora que edificó numerosos barrios privados en la Ciudad.

Más allá de la decisión de la Justicia, urge una resolución política para resolver el conflicto de intereses entre una constructora, y el hábitat de 200 familias y un tambo gestionado por pequeños productores, en las últimas tierras con capacidad de expansión urbana que permanecen en la ciudad más grande de Santa Fe.

En tanto, ante la consulta de Infonews, la firma Cimar y la Secretaría de Planeamiento de Rosario tuvieron la misma actitud: silencio stampa.