Advierten que la crisis será más extensa y proponen mantener políticas expansivas

La crisis económica regional "va a durar más de lo que se pensaba, la recuperación va a tomar varios años y será más lenta que tras la crisis subprime (de 2007-8)", por lo que habrá que "mantener políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias expansivas", advirtió hoy la secretaria ejecutiva de la Cepal (Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe), Alicia Bárcena.

Al presentar por videoconferencia desde Santiago de Chile el Estudio Económico 2020 para la región, Bárcena señaló que los esfuerzos realizados para paliar el impacto de la pandemia de coronavirus "no van a ser suficientes", por lo que alentó un sostenimiento del gasto público apoyado en un "fortalecimiento de los ingresos públicos", en especial con mayores gravámenes a la renta y a la propiedad.

La pandemia, resaltó Bárcena, "está teniendo impactos negativos históricos en lo económico, productivo y social, con secuelas y efectos a mediano plazo sobre el crecimiento, aumentos en la desigualdad, pobreza y desempleo".

Según el informe, América Latina y el Caribe registra su peor crisis económica en un siglo, con una contracción estimada del producto interno bruto (PIB) regional de -9,1%, y de -9,4% en América del Sur.

El organismo anticipó que la caída de la actividad será este año de 2,3% en Paraguay; 5% en Uruguay; 5,6% en Colombia; 7.9% en Chile; 9% en México y Ecuador; 9,2% en Brasil; 10,5% en la Argentina; 13% en Perú y 26% en Venezuela.

Debido a esto, a fines de 2020 el nivel de PIB per cápita sería igual al de 2010, es decir, "habría un retroceso de 10 años con un fuerte aumento en la desigualdad y la pobreza", proyectó la Cepal.

Con el cierre de 2,7 millones de empresas formales, el desempleo alcanzaría a 44 millones de personas (se agregarían 18 millones respecto al nivel de 2019).

Además, "la pobreza llegaría a los mismos niveles observados en 2005, es decir, marcaría un retroceso de 15 años, hasta 231 millones de personas, mientras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, lo que implica un retroceso de 30 años (96 millones de personas)".

Bárcena insistió en que "serán necesarias políticas macroeconómicas activas para retomar el crecimiento y promover una agenda de transformación estructural".

"Hay que fortalecer los ingresos públicos, mantener las políticas monetarias expansivas convencionales y no convencionales", y fortalecer la regulación de los flujos de capitales, para limitar las salidas y preservar la estabilidad macrofinanciera en el corto y mediano plazo, añadió el informe.

En materia de política fiscal, el Estudio Económico 2020 alentó un marco de sostenibilidad centrado en los ingresos.

"Es necesario -consideró Bárcena- que América Latina y el Caribe aumente su recaudación tributaria, que actualmente es de 23,1% del PIB en promedio para los gobiernos de la región, comparado con el 34,3% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)".

Para esto recomendó "combatir la evasión y elusión tributaria, que llega al 6,1% del PIB regional (unos US$ 325.000 millones); y consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones (que es de 6,3%, frente a 11,6% en la OCDE)".

Bárcena propuso asimismo "extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad" (0,8% del PIB en América Latina y el Caribe, contra 1,9% en los países de la OCDE); y "establecer impuestos a la economía digital".

El informe añade que los países del área "deben orientar el gasto público hacia la reactivación y transformación económica, fortaleciendo la inversión pública hacia sectores que fomenten el empleo, la paridad de género, la inclusión social, la transformación productiva y una transición igualitaria hacia la sostenibilidad ambiental".