Hidrovía: reclaman transparencia en el proceso para garantizar competitividad
Un ejecutivo de la dragadora Boskalis afirmó públicamente que la Argentina puede seguir con un monopolio o asegurar "competitividad en la próxima licitación del canal navegable".
El mantenimiento de la Hidrovía Paraná- Paraguay. Uno de los grandes negocios que puede ofrecer la Argentina.
El millonario contrato de obra pública que la administración de Javier Milei podrá ofrecer en lo que resta del año, es la concesión del dragado y balizamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay. Funcionarios del Gobierno planean que hacia el mes de diciembre estarán listos los pliegos de la licitación internacional de la que seguramente participarán las cuatro dragadores más importantes del mundo, al tiempo que gobernadores y usuarios de la autopista fluvial buscan influir sobre el proceso licitatorio.
Mientras que los funcionarios de la subsecretaria de puertos y vías navegables, que conduce Iñaki Arresygor, comenzaron a tener reuniones con referentes de la gobernaciones con intereses en la ampliación del sistema troncal de navegación por donde salen al exterior las riquezas que produce nuestra Nación, los empresarios del dragado que buscan destronar a la compañía belga Jan de Nul empiezan a realizar declaraciones altisonantes que preven futuros cuestionamientos legales.
En ese sentido, Bart Rumes, "Regional Manager para el Área Oeste" de la empresa holandesa Boskalis que, en círculos políticos se especula con su buena llegada a importantes dirigentes del PRO, aseguró que "En Argentina se hizo casi imposible conseguir un contrato de dragado en forma transparente".
En la disertación realizada en el foro "El Futuro de la Hidrovía" en Buenos Aires organizado por Globalports, Bart Rumes explicó, "Con nuestra flota conseguimos contratos de dragado en Argentina, como el que estamos haciendo desde hace siete años en el canal Martín García, pero además en los canales de acceso a puertos de Mar del Plata, Bahía Blanca, Dock Sud,
Exolgan y Quequén. También estuvimos en un proyecto único y ejemplar como fue el zanjeo y tendido de cables y gasoductos en Estrecho de Magallanes ofreciendo un precio 30% inferior al segundo.
Pero todos estos contratos datan de una época en la que el país era conocido por su entorno competitivo y, entonces, podíamos participar en licitaciones competitivas ofreciendo precios más bajos.
Pero el día de hoy afrontamos el mercado argentino como un monopolio y a Boskalis le resulta casi imposible conseguir un contrato de dragado basado en un régimen de forma transparente y competitividad, que es la única forma que nos interesa para hacer negocios", acusó.
La Vía Navegable Troncal (VNT), también conocida como la hidrovía Paraná-Paraguay, abarca un trayecto de 1635 kilómetros, desde el kilómetro 1238 del río Paraná, en su confluencia con el río Paraguay, hasta las aguas profundas del Río de la Plata exterior.
Este sistema es vital no solo para Argentina, sino también para Brasil, Bolivia, Uurugay y Paraguay, países que firmaron en 1992 un acuerdo para facilitar la navegación y el transporte comercial a través de esta ruta.
El plan de licitación contempla la modernización, ampliación y mantenimiento de la hidrovía, así como la operación y señalización del sistema. Entre las tareas más importantes está el dragado, esencial para garantizar la navegación de grandes buques de carga.
Desde agosto del 2023, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, bajo la órbita del Ministerio de Economía, tiene la responsabilidad de llevar adelante el proceso de licitación pública nacional e internacional para el régimen de concesión por peaje de la VNT.
El objetivo es atraer a grandes operadores internacionales para que se encarguen de su administración, lo que reduciría los costos logísticos y mejoraría la competitividad de las exportaciones.
Por más de 25 años, la administración de la hidrovía estuvo en manos de un consorcio privado liderado por la firma belga Jan de Nul y la argentina Emepa.
Sin embargo, en septiembre de 2021, tras la caducidad del contrato, la administración de la VNT pasó a manos del Estado, a través de la Administración General de Puertos (AGP). Actualmente, la AGP se encarga de mantener los servicios y cobrar el peaje hasta que la nueva concesión sea adjudicada.
Por Antonio D'Eramo
