La regulación de la autoridad monetaria imponía la necesidad de financiar al menos el 60% del vencimiento, con una duración promedio de dos años, pero no fue extendida.
En otros términos, todas las empresas con vencimientos mensuales de deuda financiera estaban forzadas a iniciar un proceso de refinanciación de sus pasivos internacionales bajo la normativa.
En consecuencia, quedaba prohibida la cancelación de deuda entre empresas con alguna relación, y se les exigía liquidar dichos compromisos utilizando recursos propios provenientes del extranjero.
Por otro lado, las deudas que hubieran sido refinanciadas conforme a dicha normativa no estaban sujetas a un nuevo proceso de refinanciamiento y mantenían el acceso al mercado de capitales.
Entonces, con el objetivo de no afectar a las pequeñas y medianas empresas, se las autorizaba paralelamente, para que participaran en el mercado, con el fin de amortizar el capital y no se excedieran a $2 millones mensuales.
