Humedales: sin espacio para la demagogia y el oportunismo

Respetar el mandato constitucional, dar lugar a las provincias, y permitir que los productores puedan seguir generando alimentos. Consignas concretas que deben ser manejadas por profesionales idóneos, lejos de quienes buscan obtener rédito político del tema.

Hay que empezar diciendo que el artículo 124 de nuestra Constitución Nacional establece que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". También que el peor error es encerrarse en la ecología sin darse cuenta de que se puede estar atentando contra la seguridad alimentaria, es decir, la generación de alimentos de calidad para toda la población.

Aclarado el punto, lo que sigue no es tan complicado. Cuando se tiene algún malestar se recurre a un médico, un especialista, alguien que se ha preparado para opinar sobre el problema y aportar las soluciones del caso. ¿Por qué podría ser distinto para los humedales?

Estos espacios deben ser utilizados racionalmente, obteniendo un volumen de producción lo más abundante y sustentable posible. Debe ser un profesional el que aconseje cómo manejarlos, ya que la problemática de una zona no se repite en otras, por más que a los ojos de los legos todo suene parecido.

Se pueden hacer muchas cosas con los humedales menos dejarlos en manos de gente que jamás se alejó dos metros del asfalto, que no tiene mayor idea de qué factores juegan en cada caso, o que se mueve por demagogia o intereses opuestos al agro, o bien alguna ideología extrema.

En el Congreso de la Nación hay varios proyectos en danza para regular el uso del territorio categorizado como humedal. Dos de ellos concentran especialmente la atención de los legisladores, y en la semana hubo especial presión del oficialismo para aprobar perentoriamente su propuesta. Afortunadamente la rápida reacción de un legislador del radicalismo convocando a expertos y el despertar de los gobernadores impidieron el desatino. Estos últimos recordaron que viven el agro y prefirieron pensarlo dos veces. Algunos aseguran que ante esta realidad la intentona dormirá el sueño de los justos por lo que resta del año.

Tanto el proyecto del oficialismo como el de la oposición plantean la realización de un inventario nacional, clasificar los humedales en función de si deben ser preservados o son aptos para usos múltiples, el establecimiento de moratorias y la creación de un fondo nacional para su sustentación. El oficialismo se desmarca de la oposición porque reclama penas muy duras para quien vulnere lo dispuesto. No está mal, el problema son los huecos subjetivos -y peligrosos- que suele dejar el Estado cuando habla de "emitir radiaciones o ruidos, arrojar contaminantes en el suelo, atmósfera o el agua", por citar algunos puntos de la norma.

Un proyecto y el otro alegan que nada está prohibido expresamente, pero preocupa la forma en que se definirá la consideración del humedal y los requisitos que deban cumplirse. Se sabe, si el Estado anda cerca "el trámite del arbolito" puede ser peor que una prohibición explícita. El campo rechaza además la definición de humedales de 2017, que ambos proyectos utilizan, porque considera que la mitad de las tierras del país perderán su capacidad productiva. Con un manejo adecuado muchas zonas objetadas pueden generar alimentos de manera sustentable.

A ciencia cierta el apuro oficial nace de la fantasía de imaginar productores quemando sus propios campos en las islas del Paraná. Un disparate. Los especialistas reconocen errores humanos, pero advierten que son mucho más probables los incendios naturales en condiciones de falta de lluvia y abundante material seco en los lotes. Todo se complica después porque en la Argentina faltan mecanismos efectivos de control del fuego, más allá de la enorme voluntad de los bomberos.

Hay asimismo un protocolo nacional que activar respecto del manejo del fuego, pero muchas veces queda de lado por mezquindades y celos, especialmente cuando la provincia no responde al color político de turno. Aunque parezca de Perogrullo, los incendios seguirán produciéndose aun con una Ley de Humedales. Y mucho peor si no se permite la ganadería, que es la responsable de reducir los volúmenes de material seco que genera el campo natural.

Es un error buscar un chivo expiatorio en vez de apuntar a soluciones profundas y duraderas. Y, se sabe, al agro lo tienen elegido como el enemigo ideal. Ningún productor en su sano juicio va a prender un fuego con semejante seca. Ninguno apuntaría a destruir sus propios animales.

Un párrafo final para los profesionales del INTA, que en el Congreso defendieron a rajatabla la chance de seguir produciendo en los humedales, aun con el riesgo de disgustar a quienes manejan el Estado.

"Todos tienen gente viviendo, gente que trabaja y que depende de los servicios ecosistémicos de los humedales. No se puede aceptar una ley que tienda a generalizar, hablamos de ambientes muy distintos de una punta a la otra del país, que además están sometidos a fluctuaciones muy fuertes. Necesitamos un balance entre

la conservación y la producción y desde el INTA creemos que es posible".

Esos técnicos pusieron en blanco sobre negro que algunos de los proyectos en danza restringen el uso del 50% de las tierras productivas del país. La sanción de una ley así dañaría la obtención de alimentos y eliminaría muchos puestos de trabajo ligados a las economías regionales. Durante años la política argentina le ha dado la espalda a las cuestiones del ambiente. Es elogiable su repentino interés, pero debe responder a intereses nobles orientados al beneficio de todos. Me permito dudar.