" Menem lo hizo "

La implementación en abril de 1991 del Plan de Convertibilidad puso en marcha un nuevo programa económico, que significó un punto de ruptura en la evolución de la economía argentina.

El Programa llevado a cabo tenía como pilares fundamentales: la ley de convertibilidad, la desregulación de la actividad económica, las políticas de privatizaciones y la apertura externa.

En primer lugar debe mencionarse la Ley N° 23.928, de "convertibilidad", que en abril de 1991 declaro la convertibilidad del austral con el dólar estadounidense, a razón de 10 000 australes por dólar (en enero de 1992 el austral es reemplazado por el peso, con una relación 1 peso por 1 dólar). 

Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) queda obligado a vender las divisas que el mercado requiera a esa relación. De esta manera se asegura que la magnitud de las reservas internacionales de libre disponibilidad sea equivalentes a 100% de la base monetaria. A su vez, se prohibieron todos los mecanismos de indexación o actualización monetaria aplicados hasta el momento y cualquier forma de modificar la relación peso/ dólar que no sea por ley nacional, de manera de asegurar la estabilidad económica . Por otra parte, en 1992 se reformó la Carta Orgánica del BCRA,2 mediante la cual se permite independizar la política monetaria de la fiscal, evitando así la financiación de déficits fiscales por vía de mecanismos inflacionarios.

Finalmente, se tomaron una serie de medidas, orientadas a aumentar la disponibilidad de fondos prestables, admitir los préstamos y depósitos en dólares, refinanciar la deuda externa y reducir la tasa de interés.

a) Política crediticia que afecta al sector agropecuario

En este marco, algunas de las medidas específicas para el sector agropecuario fueron:

· El Banco de la Nación mantuvo su liderazgo en el crédito al sector y amplió el número y variedad de líneas de crédito, a distintos plazos. Además aumentó el crédito de los bancos privados al sector.

· Se estipularon Cédulas Hipotecarias Rurales, el Programa Trienal para la PyME (el agro absorbió 40% de los montos de créditos licitados), etc.

· Se institucionalizó el régimen de prefinanciación de exportaciones para productores; se creó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para el financiamiento del comercio exterior y de proyectos de inversión, a tasas similares a las internacionales; se abrieron líneas de prefinanciación a la producción destinada a la exportación.

Política de apertura externa: reducción de aranceles

La política de apertura externa consistió en una disminución generalizada de aranceles. Los niveles máximos, que hasta 1988 llegaban a 50% -más 15% de recargo adicional- disminuyeron a 20% más 10% de la tasa de estadística en 1992. Los niveles promedio pasaron de 39% a 10%. En 1996, el arancel oscilaba entre 0% y 20%, siendo el promedio general de 13% y la tasa de estadística de 3% (IICA, 1997)

a) Aranceles externos relacionados con el sector agropecuario

Eliminación generalizada de aranceles a la exportación e importación de insumos y productos agropecuarios en general, y en mayor medida a los provenientes de los países del Mercosur.

Productos agrícolas. Se redujeron los aranceles a la exportación, tratando que los productores pudieran captar una porción mayor o la totalidad de los precios internacionales.

· Entre 1991 y 1993 se redujeron y finalmente se derogaron las "retenciones" a la exportación. Solamente existen tres excepciones: 15% para cueros crudos, 5% para cueros curtidos y 3.5% para los granos oleaginosos.

· Se eliminaron la tasa de estadística (3%), la contribución al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (1.5% de los productos de origen pampeano) y el otorgamiento de reembolsos simétricos a los aranceles de exportación.

· Se eliminaron otras cargas impositivas vinculadas a la exportación (contribución al fondo de la marina mercante, impuesto a la transferencia de divisas, y otros).

Insumos. Reducción de aranceles a la importación de agroquímicos -de 15% antes de las reformas a 0%- y de fertilizantes, de 25 a 35% también a 0% (Perona y Reca, 1997).

Maquinarias. Reducción de aranceles de importación de 50% antes de la reforma a 15% 

Política de desregulación y privatización

Las primeras acciones de desregulación comenzaron en 1989 con la liberación de diversos precios y mercados y la desregulación del mercado de los combustibles. Pero se consolidó con la sanción del Decreto de Reforma del Estado N° 2284 de noviembre de 1991. 

Explícitamente el decreto se propone fomentar la competencia de los mercados, anular las distorsiones de precios relativos y contribuir a otorgar a la producción argentina competitividad internacional. El mismo abarca cuatro campos de aplicación: a) el mercado interno de bienes y servicios; b) el comercio exterior; c) las regulaciones públicas de mercados de productos regionales y de industrias de capital intensivo, y d) el mercado de capitales.4

En cuanto a las privatizaciones, se incluyeron: telecomunicaciones, transporte aéreo, ferrocarriles, mantenimiento de carreteras nacionales, elevadores portuarios, generación y distribución de energía, transporte y distribución de gas, servicio de provisión de agua y red cloacal, siderurgia, extracción de petróleo y elaboración y distribución de sus derivados, petroquímica.

Las medidas de desregulación y privatización relacionadas con el sector agropecuario fueron las siguientes:

a) Desregulación de los mercados agropecuarios

· Se disolvieron varios organismos reguladores de la actividad agropecuaria, derogando las contribuciones e impuestos que financiaban sus actividades y permitiendo la venta de los bienes pertenecientes a los mismos. Estos entes, si bien no todos tenían iguales funciones, en general regulaban precios mínimos, máximos, para el mercado interno o la exportación, cupos de siembra, comercialización, industrialización y exportación, manejaban los puertos, etc. Los organismos eliminados fueron:

- Junta Nacional de Granos (JNG) 

- Junta Nacional de Carnes (JNC) 

- Instituto Forestal Nacional (IFONA) 

- Mercado de Concentración Pesquera

- Corporación Nacional de Productores de Carnes

- Mercado Nacional de Hacienda de Liniers 

- Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de Yerba Mate

- Mercado Consignatario Nacional de Yerba Mate

- Dirección Nacional del Azúcar

· Con la disolución de organismos reguladores como la JNC y JNG, se eliminaron los precios máximos y sostén, que estuvieron vigentes durante muchos años para granos y en algunos períodos para carnes.

· Liberación de cupos de siembra, cosecha, elaboración y comercialización de caña de azúcar y azúcar, yerba mate y viñedos, uva y vino;

· Eliminación de las regulaciones del mercado de leche e industria láctea (establecidas por la Ley 23.359) a través de la disolución de la Comisión de Concertación de Política Lechera (COCOPOLE) y del Fondo de Promoción de Exportaciones Lácteas (FOPAL).

· Liberalización del funcionamiento de mercados mayoristas, eliminando la Ley N° 20680 (Ley de abastecimiento) que establecía la existencia de mercados de concentración obligatoria para de productos frescos, y autorizando la apertura de nuevos mercados mayoristas.

· Se dejó sin efecto la desgravación impositiva de las tierras de baja productividad (Ley N° 22.211)

· El Fondo Nacional del Tabaco pasa de ser administrado por la SAGyP, para la modernización y reconversión del sector, luego a Rentas Generales y finalmente, por Ley N° 24291, a fines de 1993 regresa a su modalidad anterior.

· Por último, la existencia de estabilidad económica y la desaparición del Estado como operador en el mercado de granos, hizo posible el desarrollo de un conjunto de nuevos instrumentos de mercado, como los mercados de futuros y opciones, a los cuales haremos referencia en el próximo capítulo.

b) Medidas de privatización o desregulación de servicios vinculados: transporte terrestre, puertos y energía eléctrica

· Transporte automotor de cargas:

- libre contratación de servicios de transporte automotor de cargas;

- desregulación del mercado de seguros para la mercadería transportada;

- autorización a la constitución de empresas de transporte de propiedad extranjeros, con la obligación que los vehículos estén radicados en el país;

- disminución de los aranceles para la importación de cubiertas;

- eliminación de cupos para transporte internacional entre Argentina y Chile, y Argentina y Brasil.

· Mantenimiento y construcción de rutas nacionales a través del sistema de peajes.

· Privatización de ramales ferroviarios de carga, desde fines de 1991 a fines de 1993.

· Puertos: Se sancionaron los Decretos N° 817/92, de desregulación de la actividad marítima y la Ley N° 24093, de Actividades Portuarias, que habilita puertos privados ya existentes y permite la privatización de puertos estatales. Esto permitió la licitación y concesión de los puertos más importantes del país: Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y Quequén.

· Se desregularon los servicios de remolque de maniobra, de practicaje y pilotaje, se suspendió el impuesto a los fletes (2% sobre fletes de exportación y 12% sobre los de importación).

· Privatización de los elevadores portuarios de la ex Junta Nacional de Granos.

· Transporte fluvial: A principios de 1994 se licitó y luego realizó el dragado y balizado del corredor fluvial Río Paraná (desde Santa Fe)-Río de la Plata, obra de significativa importancia para el comercio de granos, lográndose 32 pies de profundidad.

· Energía eléctrica: Privatización de las empresas generadoras de energía (Agua y Energía Eléctrica, SEGBA, HIDRONOR) y de las actividades de transmisión. Creación del Mercado Eléctrico Mayorista.

Política impositiva

Dentro del ámbito nacional se puede sintetizar en la eliminación de cerca de dos decenas de impuestos 13 y la generalización del IVA (Impuesto al Valor Agregado). A su vez, se establecen mayores controles en el cumplimiento de las obligaciones previsionales y la puesta en funcionamiento de las administradoras privadas de fondos de jubilación. Se establecen nuevos procedimientos de lucha contra la evasión fiscal 14 (normas de facturación, mayor control y aplicación de sanciones legales, sanción de la Ley del Régimen Penal Tributario, etc.), la ampliación de la base imponible, la concentración de la recaudación en un número reducido de impuestos (IVA y Ganancias/Patrimonio), la integración de los aportes previsionales y el impuesto a las ganancias en las personas y la unificación del control impositivo y previsional sobre las empresas, la racionalización y modernización de la Dirección General Impositiva.

A fines de 1992 se derogan subsidios selectivos y reembolsos especiales a empresas de Tierra del Fuego y se acotaron subsidios de regímenes de promoción industrial y regional subsistentes.

Durante 1992 y 1993 se establecieron acuerdos entre la Nación y las Provincias (Pacto Federal) para ordenar las relaciones financieras entre ellas, promover el saneamiento de las finanzas provinciales y generalizar en las provincias las características de la política económica emprendida por la Nación (Reducción de impuestos a la producción, desregulación y privatización).

 Reformas impositivas que afectan al sector agropecuario

· Reducción en impuestos a insumos (como neumáticos y gasoil, y a la compraventa de los vehículos cero kilómetro cuyo destino era el Fondo Nacional de Autopistas)

· Inicial reducción y posterior eliminación del Impuesto sobre los Activos (inicialmente 2%), el que fue reemplazado por el Impuesto a los Bienes Personales (0.5%, con un tratamiento especial para la tierra)

· Transformaciones en el régimen del IVA dirigidas a consolidar su generalización, a través del régimen de retención, percepción y pago a cuenta para bovinos y porcinos (ya existía para granos, posteriormente ampliado a otras producciones). Desde 1996 los productores agropecuarios pueden optar por el pago del IVA y del Impuesto a las Ganancias en una cuota única anual, eliminándose los pagos y anticipos a cuenta. Generalización del IVA a los servicios de transporte de carga.

· Devolución del IVA a los exportadores. Por ser los últimos de la cadena de comercialización interna, generan un crédito que el gobierno debe devolverles o incluso adelantarles en base a comprobantes de operaciones futuras.

Política de empleo

Las acciones en el ámbito laboral tuvieron como principal objetivo la reducción del costo laboral para las empresas y eliminar regulaciones laborales que traban una contratación flexible. Además, se propuso regularizar la situación de los trabajadores empleados y sanear financieramente y ordenar los sistemas previsionales. Entre las principales medidas se puede mencionar:

· En noviembre de 1991 entró en vigencia la Ley Nacional de Empleo, cuyo principal objetivo es la flexibilización de las condiciones de trabajo

· Decreto N° 1334/91, que estableció el sistema de ajuste por productividad

· Decreto 470/93, de descentralización de la negociación colectiva

· El Pacto Fiscal se completó con el decreto 2609 de fines de 1993, tendiente a reducir las cargas previsionales, que derivan en altos costos laborales 15

· La Ley 24.241 de 1994, reforma el sistema de jubilaciones y pensiones 16

· Ley 24.467, Estatuto Especial para las Pequeñas y Medianas Empresas, la que flexibiliza y abarata la contratación de nuevos trabajadores en empresas de menos de 40 ocupados

· Ley N° 24.557, sobre riesgos de trabajo 

Política de integración subregional: Mercosur

El Tratado de Asunción (1991) se propuso la creación de una Unión Aduanera entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Mercosur) en menos de cinco años. En este proyecto de integración económica acelerado, los instrumentos utilizados en el programa de liberación comercial fueron: la rebaja progresiva, lineal y automática de los aranceles, acompañadas de la eliminación de barreras no arancelarias o medidas de efecto equivalente para llegar al 31 de diciembre de 1994 sin restricciones comerciales.

El proceso de integración se vio reforzado por su simultaneidad con los procesos de apertura unilateral de los países integrantes, ya que anteriormente las iniciativas de integración chocaron con regímenes comerciales altamente proteccionistas. Dos factores exógenos, como la disponibilidad financiera externa (hasta 1993) y la convergencia macroeconómica (1994), impulsaron este proceso de liberalización preferencial, teniendo en cuenta la presencia de asimetrías económicas entre los países integrantes.

A partir de 1995 queda constituida una Unión Aduanera incompleta, en la medida que permanecen aranceles positivos para el comercio intrarregional de algunos productos por cuatro años más y la vigencia de los incentivos a las exportaciones dirigidas a países socios. El régimen de adecuación de excepciones al libre comercio intrarregional continúa hasta 1999, estas incluyen hasta 300 productos. El arancel externo común incluye 11 niveles tarifarios entre 0 y 20%, con un promedio de 11%. Casi 88% del Universo tiene su AEC pero el 12% restante tiene que ver con los sectores excluidos (bienes de capital, informática y telecomunicaciones).

Como la Unión Aduanera exige también medidas de protección contra prácticas desleales de comercio, los países decidieron elaborar un reglamento común sobre dicho problema y otro sobre salvaguardas para el comercio extrazona, tomando como base la resoluciones de la OMC.

El mayor efecto de la integración fue el aumento de exportaciones intrarregionales, que crecieron más rápido que las exportaciones al mundo, aumentando la interdependencia comercial, particularmente entre los dos socios mayores (Brasil y Argentina). Además de un proceso creador de comercio, especialmente de tipo intraindustrial, se activó la cooperación interempresaria, adquiriendo un marcado dinamismo la inversión extranjera.

De todos modos el acceso a los mercados está afectado por regulaciones nacionales (productos sensibles) y existen sectores excluidos del libre comercio como azúcar y automóviles. Por otra parte, las restricciones no arancelarias ofrecen mayores dificultades debido a su falta de transparencia y a los cambios en la legislación interna que demanda la implementación de los acuerdos de armonización.

Actualmente se encuentra en varios procesos de negociación más amplia, entre ellos se destacan: un área de libre comercio hemisférica para el 2005 con un período de 10 años de implementación; un acuerdo marco con la Unión Europea (1995) para negociar también una zona de libre comercio en un plazo de 10 años. Con la ALADI, las preferencias se prorrogaron hasta la puesta en marcha de la plurilaterización del comercio, hasta el momento se firmaron acuerdos de libre comercio con Chile y Bolivia. Entre los países importantes resta México -que forma parte del NAFTA- y los miembros del Pacto Andino, con la diversidad de acuerdos que vinculan sus economías.

Descripción de la política sectorial

El dominio de la política macroeconómica y la ausencia de políticas sectoriales o su pérdida de importancia relativa es una de las características del modelo de ajuste estructural, desregulación y apertura implementado en la década de los años noventa. Sin embargo, es posible mostrar una serie de medidas específicas o programas implementados por el Estado (en varios casos llevados a cabo conjuntamente con el sector privado), que surgen en muchas oportunidades como política de compensación, dirigidas al sector, que serán analizadas en este punto.

1. Programas de intervención

Durante el período analizado se desarrollaron una serie de programas de intervención, que pueden ser agrupados en tres áreas temáticas:

· Programas de apoyo a la pequeña y mediana producción agropecuaria

· Programas comerciales

· Programas Sanitarios. Acompañando a estos cambios se dieron una serie de innovaciones institucionales, fundamentalmente asociadas a la participación activa de los actores privados en el desarrollo de distintos programas, con la finalidad de permitirles adaptarse al nuevo escenario de globalización y apertura económica.

· Programas de apoyo a la pequeña y mediana producción. Estos surgen como políticas de compensación, debido a que los efectos de la implementación de las políticas macro tuvieron un sesgo hacia los productores empresariales. A continuación se mencionan los más importantes:

- El Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva CAMBIO RURAL, creado en 1993 y destinado a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Es un Programa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), que ejecuta el INTA.

- Programa Social Agropecuario, creado por la Secretaría de Desarrollo Social en 1993, dirigido a productores minifundistas.

- La Unidad de MINIFUNDIOS del INTA, creada a fines de los años ochenta, para dar asistencia específica a productores minifundistas.

- PROHUERTA, creado en 1990, dirigido a la población urbana y rural de bajos recursos, para la generación de alternativas de autoconsumo.21 Es un Programa financiado por la Secretaría de Desarrollo Social y ejecutado por el INTA.

- El INTA se compromete activamente en la ejecución de los proyectos de intervención mencionados anteriormente.

- La planificación y ejecución de otra serie de programas en el orden provincial.

· Programas comerciales: Si bien en esta área es donde se produjeron las mayores privatizaciones (eliminación de los organismos como la JNC, JNG) y reducción de funciones estatales, mediante una serie de programas específicos se trata de difundir, capacitar y promover diversas actividades comerciales.

- Programa de Promoción de Exportaciones de Carne Vacuna (PROCAR) - 1992 y Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Productos de Base Agrícola no Tradicional (PROMEX) - (1992-1998). Son dos programas desarrollados con financiamiento externo (BID-BIRF) orientados respectivamente a la promoción de las exportaciones de carnes y de producciones no tradicionales. Ambos establecieron mecanismos de participación de los beneficiarios en su gestión (exigiendo a su vez, cofinanciamiento a la contraparte privada) y generaron un conjunto de acciones (información, giras de promoción, asistencia a ferias) que configuran verdaderas campañas por rubros (carnes rojas, vinos, productos orgánicos, etc.), en las cuales se enmarcó el accionar de las empresas individuales.

- COMERCIAR, constituyó un mecanismo de capacitación a los productores e intermediarios y de puesta a punto de los nuevos instrumentos del mercado de granos, como los warrants y el mercado de futuros y opciones.

· Programas sanitarios: En las tareas de erradicación y control de enfermedades, el cambio más relevante fue el de transferir la responsabilidad primaria a los beneficiarios; pasando el Estado a cubrir un rol de promoción y auditoría. La SAGPyA generó los siguientes programas:

- El Programa de Control y Erradicación de Aftosa, que permitió la erradicación de la enfermedad 23

- El Programa de zona libre de cancrosis de los cítricos en el NOA , esquema similar al de aftosa, se crea la fundación Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino, con la participación del sector privado y el IASCAV y el arancelamiento del servicio. Esto ha permitido sostener la barrera sanitaria que mantiene a la zona libre de cancrosis.

- Esquemas similares se aplican con otras plagas como el picudo del algodonero y la mosca de la fruta, si bien no han sido tan exitosos hasta el momento, dado que aun persisten esos problemas sanitarios.Internacional de Epizootias. A esto se llegó gracias a la acción coordinada de 350 fundaciones de lucha, unida a una buena vacuna -desarrollada tecnológicamente por el INTA -con un control de calidad estricto- a cargo del SENASA (IICA, 1997).

Cambios en la administración

Los principales cambios institucionales producidos durante la primera reforma del Estado (decreto de desregulación) se refieren a la eliminación de los entes u organismos de intervención de los mercados de granos, carnes, forestales, lácteos, yerba mate, azúcar, etc., ya mencionados en la política de desregulación.

En este punto nos referiremos a las funciones que quedaron en manos del estado en ese período y los programas o nuevos organismos creados:

· Creación del Instituto Nacional de Semillas (INASE) en 1992 25

· Creación del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) 26

· Los aspectos de sanidad animal quedaron a cargo del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)

· La SAGPyA quedó con algunas funciones de las ex juntas, entre ellas en el caso de carnes, se encuentra la asignación de la cuota Hilton 

· Desde 1992 el país cuenta con normas que definen las condiciones que se deben cumplir para la liberación al medio de material transgénico. La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), formada por representantes del sector público y privado, tiene responsabilidades sobre este tema.

En la segunda fase de la reforma del Estado (a mediados de los años noventa), se hace hincapié en la simplificación de la organización y la eliminación de superposiciones, los cambios más importantes para el sector agropecuario son:

· La profesionalización de la SAGPyA y la incorporación de la industria de la alimentación a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), vía creación Subsecretaría de Alimentación 28

· Fusión SENASA-IASCAV, dio lugar a un SENASA cuyas siglas hoy significan como Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (1997) 

· Creación de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA) (1997) 

Durante estos años, las reformas han sido apoyadas básicamente por un programa con financiamiento externo. El Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios (PROMSA), que inició sus actividades en 1992 hasta 1998 31 y a partir de 1998 se puso en funcionamiento el Programa de

Servicios Agropecuarios Provinciales (PROSAP), durará cinco años y está concebido como la continuación del esfuerzo modernizador del Estado, pero en el plano provincial.32

Fomento a la actividad forestal y a la conservación de bosques nativos 

A partir de la disolución del IFONA (1991), la Dirección de Forestación de la SAGPyA es el organismo con competencia en los bosques cultivados del país. En 1992 se creó la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Presidencia de la Nación, de la cual depende la Dirección de Recursos Forestales Nativos que tiene competencia sobre los bosques naturales; también dentro de esa Secretaría desarrolla sus funciones la Administración de Parques Nacionales. Las tareas de investigación y extensión forestal pasan al INTA:

· En 1992 se creó el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales, reemplazando a la Ley N° 21.695 (o Ley de Crédito Fiscal de promoción a las plantaciones)

· En 1995 se lanzó el Plan de Desarrollo Forestal dirigido a potenciar el desarrollo foresto- industrial argentino, poniéndose en marcha en 1996 34

· En agosto de 1997 se sanciona la Ley de Estabilidad Fiscal (N° 24.857), que provee a la actividad forestal y al aprovechamiento de bosques nativos e implantados, la garantía de que por el término de 33 años la situación fiscal permanecerá inalterable.

Política de investigación

Si bien la política de ciencia y técnica también es una política macro y no sectorial. Los dos aspectos centrales de la política de ciencia y técnica son:

· Fortalecimiento del rol de las universidades en la investigación a partir de un mecanismo indirecto, como fue la puesta en marcha (1994) del Programa de Incentivos a la Investigación.

· Desarrollo de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Creación de fondos concursables para el financiamiento de la investigación y el desarrollo tecnológico. Elaboración del Plan Nacional Plurianual (1998-2000) de Ciencia y Tecnología, donde se establecen áreas y temas prioritarios.

En este marco, los cambios más importantes en la investigación agropecuaria se pueden sintetizar en:

· Pérdida de la autarquía financiera del INTA, principal organismo destinado a la investigación y extensión en el sector agropecuario del país. Esto ocurre a través de la eliminación de la tasa a las exportaciones (pasando primero como tasa a las importaciones y eliminándose posteriormente). A partir de entonces depende de los recursos del Tesoro Nacional, afectado por los vaivenes presupuestarios.

· En el INTA se captaban importantes recursos estatales destinados a los Programas de Intervención (Cambio Rural, ProHuerta, etc.), provocando un cierto sesgo hacia ese tipo de actividades en desmedro de la investigación. Por otra parte, cada vez toman mayor inversión, contratación de consultores externos y contribuyó fuertemente al proceso de informatización de todos los entes. El diseño inicial del programa contó con un importante apoyo técnico del IICA .

Se trataba de un monto de 336 millones de dólares y un conjunto de rubros financiables, que cubre desde infraestructura de riego a sistemas de información y de mejoras en los sistemas comerciales hasta programas sanitarios. El financiamiento se dirigía básicamente a las provincias, si bien la SAGPyA y sus organismos podían recibir una parte a través de proyectos específicos o convenios con los gobiernos provinciales 

Fuente ; Impacto de las políticas de ajuste estructural en el sector agropecuario y agroindustrial: el caso de Argentina ( Graciela Ghezán Mónica Mateos Julio Elverdín)

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Impacto de las políticas de ajuste estructural en el sector agropecuario y agroindustrial: el caso de Argentina