Monsanto prosigue con la aplicación de la cláusula

Aunque el diálogo no se cortó, las diferencias entre el Ministerio de Agroindustria, la compañía semillera Monsanto y las entidades rurales por el sistema de control del pago de regalías a la soja genéticamente modificada sumó ayer otro capítulo.

La cartera que conduce Ricardo Buryaile recordó en un comunicado que están vigentes las resoluciones oficiales 140 y 147, por las que si una empresa privada quiere controlar en acopios o puertos la presencia del evento transgénico resistente a insectos debe contar primero con el aval del Estado.

Esta semana transcendió que Monsanto le mandó a Agricultores Federados Argentinos (AFA) facturas por $ 400.000 por 56 camiones de soja en los que se habría detectado la soja Intacta. AFA es una cooperativa vinculada a la Federación Agraria Argentina (FAA).

Agroindustria expresó que su objetivo es "no interferir en los acuerdos privados, siempre que esto no restrinja la libertad del comercio de granos en el mercado local y externo". Y pidió a todos los actores de la cadena que respeten los acuerdos alcanzados" y cumplir con los requisitos establecidos en las resoluciones 140 y 147.

Además, el Ministerio de Agroindustria informó que hasta el momento se presentaron dos solicitudes de validación de organismos genéticamente modificados (OGM).

Sin embargo, pese a las resoluciones oficiales, Monsanto prosigue con la aplicación de la cláusula por la cual si detecta soja Intacta en los puertos o acopios que no fue pagada en la compra de las semillas se les mandan facturas a los productores para que en esa instancia paguen US$ 15 por tonelada, que, en realidad, se descuentan de manera automática de las facturas.

En los últimos días la compañía norteamericana dijo en un comunicado desde su sede central en St. Louis, Estados Unidos, que estaba en conversaciones con el Gobierno, y precisó que continuará su sistema de control en los puntos de entrega de la soja.