"El verdadero foco está en la necesidad de bajar impuestos", sostuvo Aramendi
La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario dialogó con Chacra Agro Continental sobre las amenazas que, a su juicio, implica la reforma constitucional en Santa Fe.
En declaraciones a Chacra Agro Continental, Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, expresó su preocupación por los alcances de las autonomías municipales, señalando que pueden representar una amenaza si no se establecen límites claros, especialmente en materia impositiva y ambiental.
"Tememos que la autonomía sin límites pueda derivar en exabruptos que afectan tanto el esquema tributario como la gestión ambiental. Este último tema, creemos, debe tratarse en el marco de políticas provinciales o nacionales, y no quedar librado a las decisiones de cada municipio", advirtió Aramendi. En ese sentido, destacó que desde la entidad rural han tomado una posición firme y consensuada con otras instituciones, especialmente en lo referido a la carga impositiva.
Aramendi cuestionó que mientras se impulsa desde el Gobierno Nacional una baja o eliminación de impuestos, provincias y municipios parecen avanzar en dirección contraria. "Estamos viendo cómo se reavivan temas ambientales mediante cautelares y causas que escapan a los marcos provinciales y nacionales, sin tener en cuenta las buenas prácticas agrícolas que deben regir", sostuvo.
En cuanto a la ley de Buenas Prácticas Agropecuarias aprobada el año pasado en Santa Fe, remarcó que aún no fue reglamentada y que, lejos de promover valor agregado, "parece orientada a generar más recaudación".
Sobre la resolución del ministro Federico Sturzenegger para simplificar la trazabilidad y certificación de fertilizantes, Aramendi tomó la medida, pero advirtió que el problema de fondo sigue siendo la presión fiscal. "Bienvenida sea la importación de fertilizantes si son de calidad, pero el verdadero foco está en la necesidad de bajar impuestos. El costo argentino responde a una industria ineficiente y a una carga tributaria excesiva, como ingresos brutos y otros", señaló la titular de la entidad.
Consultada sobre cómo la reforma constitucional podría afectar al sector agropecuario, Aramendi mencionó la posibilidad de una mayor progresividad impositiva. "Ya se hace un uso y abuso de tasas por hectárea en municipios y comunas. El año pasado sufrimos un aumento del 600% en el impuesto inmobiliario rural para quienes ingresan dentro de la figura de 'gran propietario', una carga impagable que obligó a muchos a endeudarse", denunció Aramendi.
También reclamó la eliminación de esta figura, que según explicó, fue ampliada en vez de suprimida, afectando la equidad tributaria y la capacidad de inversión de los productores.
Por último, Aramendi manifestó su apoyo a la limitación de mandatos legislativos, denunciando que "hay legisladores que llevan más de 20 años en el poder, mientras la provincia sigue mostrando graves falencias en infraestructura". Cuestionó además la falta de transparencia en el manejo de recursos, como las "cajas negras" del Senado, y reclamó mecanismos como la ficha limpia y una reforma profunda del sistema legislativo provincial. "No se trata de quitar representatividad, sino de reducir costos y lograr eficiencia", concluyó.