CRA no quiere mas cargas administrativas para el productor

Confederaciones Rurales Argentinas CRA rechaza la creación de nuevos registros para el uso de semillas y arrendamientos agrícolas, entendiendo que "significan más burocracia, con el consecuente incremento de los costos del productor", según manifestó la entidad en relación a dos iniciativas que trabaja la Secreataría de Agricultura de la Nación.

La entidad presidida por Rubén Ferrero puso en consideración que "en los últimos 10 años se han creado infinidad de registros de información para el sector agropecuario. Desde las complejas cartas de porte y el engorroso CTG, pasando por la obligación de declarar la cantidad de hectáreas sembradas, su producción, el volumen comercializado, el stock y muchos requerimientos más".

Y remarcó que "la proliferación de estos registros transformaron al empresario agropecuario en un administrativo, que debe dedicar la mayor parte de su tiempo para llenar formularios, realizar presentaciones, rectificaciones, solicitar compensaciones y demás requerimientos estatales. Informar a la AFIP, la Ucesci, tramitar el RUCA, completar los Renspa, informar al SENASA y la Secretaría de Comercio Interior, así como a los requerimientos provinciales es tarea de casi todos los días. Todo esto se ha traducido en un incremento importante en los gastos de estructura, reduciendo la posibilidad de asignar los recursos más eficientemente a lo que el productor sabe hacer: producir.

Frente a esta descripción, la intención expresada en el Ministerio de Agricultura de proponer dos registros como mecanismos reordenadores, en dos situaciones que requieren replanteos y nuevas soluciones, no convence a CRA.

Con todo, la entidad considera que es "fundamental la transparencia de mercados, en particular los que atañen a la comercialización de semillas. Es imprescindible respetar la ley 20.247 que da el marco para el uso de semilla legal, esto es semilla fiscalizada y uso propio y combatir la ilegalidad de la llamada “bolsa blanca”. Pero el Estado tiene los recursos suficientes como para hacer cumplir la ley a través de sus órganos competentes, sin necesidad de requerir más información por parte del productor. Asimismo debe permitir la constitución del directorio del INASE y hacer cumplir la resolución 80/2007 que contempla la declaración de uso propio".