El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una profunda reestructuración impulsada por el gobierno de Javier Milei, que incluye una posible fusión con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para conformar el Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE). La medida forma parte del plan oficial de "modernización" del aparato estatal, aunque genera fuerte rechazo dentro del organismo y preocupación en el sector agropecuario.

La reestructuración, formalizada mediante la Resolución 131/25, establece la creación de la Secretaría de Coordinación Técnica Administrativa, que centralizará la gestión de recursos humanos, financieros y materiales, hasta ahora distribuidos en distintas dependencias. A su vez, varias direcciones nacionales serán reconvertidas en coordinaciones: Recursos Humanos, Sistemas, Jurídica y Comunicación, entre otras.

Uno de los puntos más controversiales fue el aval del Consejo Directivo del INTA al cierre de 41 Agencias de Extensión Rural y de la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA). Esta decisión representa una reducción del 14% de la red territorial del organismo y afecta directamente el acompañamiento técnico a productores de todo el país, en especial a los pequeños y medianos.

Organizaciones gremiales internas y referentes del sector científico advierten que estas modificaciones atentan contra la misión histórica del INTA, centrada en la investigación, desarrollo e innovación para el agro. Denuncian una pérdida de autonomía técnica, ya que las decisiones pasan a estar más concentradas en el Consejo Directivo, un órgano de composición política. Asimismo, alertan por posibles despidos masivos: estiman que entre 1.000 y 1.500 trabajadores podrían quedar fuera.

Otro de los focos de conflicto es el temor a una eventual privatización de servicios y funciones clave del instituto, así como a la venta de tierras que hoy forman parte de su infraestructura en distintas provincias.

En contrapartida, desde el Gobierno aseguran que el nuevo esquema permitirá eliminar superposiciones, optimizar recursos y generar mayor articulación tecnológica. La fusión con el INTI busca potenciar un modelo de desarrollo basado en la convergencia de la ciencia, la técnica y la producción, aunque hasta ahora no se presentó un plan de acción detallado ni se aclaró cómo se preservarán las funciones específicas de cada organismo.

En este contexto, crece la incertidumbre entre los trabajadores y las comunidades rurales que históricamente han contado con el apoyo del INTA. El futuro del organismo -pieza clave en la estrategia agroindustrial argentina- hoy está en debate.