Azotados por el gobierno y la sequía

La Sociedad Rural de Rosario dio a conocer un comunicado en el que expresa que el primer día de este año alertaba que, para el sector agropecuario, el 2023 estaba perdido , vaticinio que se profundizó ya que la sequía durante todo el verano asoló y "la cosecha", muestra dramáticos resultados.

En diciembre 2022 se perdieron el trigo y las legumbres. La cosecha de soja y maíz se calcula a nivel nacional en un 35% del total esperado, muy por debajo de los 20 millones de toneladas. Similar situación está observándose con el sorgo y el girasol. Por lo que la provincia de Santa Fe, obtendrá un 20% de los resultados históricos.

El panorama ganadero es muy negativo, tanto para los rodeos de cría y tambos se siguen vendiendo vacas a precio de remate, por falta de preñez, estado corporal o bien falta de reservas invernales. Como si esto fuera poco, la falta de agua en el perfil impidió la siembra pasturas para cubrir el invierno.

" En síntesis, la actual situación es de catástrofe para el sector y la cadena productiva, se estiman perdidas del orden de 21 mil millones de dólares que se invirtieron y no se van a recuperar. Además, venimos de años de desfinanciamiento provocados por la confiscación impositiva que hoy se acrecientan, observando que el estado nacional participa del 79,10% de la renta agrícola, y del 94,1% de la renta de la soja, inadmisible. Se han perdido los precios de referencia del mercado para nuestros productos, insumos y repuestos, con una inflación creciente que asfixia todavía más la vida de todos los argentinos"

" Sin embargo, en marzo, el estado nacional, extendió la Resolución del Banco Central A7720, la cual impide acceder a créditos con tasas subsidiadas, a aquellos productores que tengan más del 5% soja en existencia, o bien hayan vendido cereal en plan dólar soja I, II y dólar agro, trabando así una herramienta de financiación para toda la banca argentina, para hacer frente a la cadena de pagos que se está cortando. Hoy es imprescindible derogar esta disposición para poner en marcha la actividad económica".

" Además, de exigir en tiempo y forma, los certificados de desastre agropecuario provincial, para hacer frente a las obligaciones ante Afip; nada más con ver la realidad, es la prueba fehaciente que los justifica",

" El sector productivo respira un ambiente de impotencia y desesperación, ya que perdió su inversión, su capital y quizás su futuro. Mientras tanto, el estado desenfrenado traba y confisca automáticamente, cuando son imprescindibles las soluciones. No queremos privilegios, pero sí que nos permitan trabajar libremente, como lo determina nuestra carta magna, la Constitución Nacional. Argentina, lo necesita", finaliza